Varapalo de Comptos al urbanismo intensivo de UPN a favor del interés privado en Salesianos

La sociedad pública asumió todo el “riesgo” de la operación al comprometerse a pagar a la congregación sin saber la cuantía de la presumible venta de parcelas Eludió la obligación de hacer VPO

ANA IBARRA - Sábado, 26 de Enero de 2019 - Actualizado a las 06:02h

PAMPLONA- El último informe fiscalizador de Comptos confirma que el gobierno de UPN antepuso el interés privado al interés público en la operación de Salesianos al diseñar una operación urbanística ex profeso para financiar el traslado de un colegio concertado a las afueras de la ciudad y “asumiendo la administración pública un elevado riesgo”. Remarcan así que dicha operación tuvo su origen en el interés de la Congregación Salesiana San Juan Bosco para trasladar su centro de FP de Pamplona más adecuado para adaptar sus instalaciones a las necesidades actuales y que la ubicación elegida fue una parcela de Sarriguren en el polígono de Olaz. En aquel momento el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y el del Valle de Egüés (los tres dirigidos por UPN) consideraron que existía un interés general que motivaba su intervención y firmaron un protocolo inicial en 2011 que recoge el “conjunto de derechos y obligaciones que deben desarrollarse y concretarse posteriormente mediante acuerdos y pactos entre las partes”.

La operación consistió en transformar el suelo de uso dotacional del colegio (cedido en su día por el Ayuntamiento de Pamplona) en vivienda libre (se dio cabida hasta 400 nuevas viviendas) y con las plusvalías del solar (subasta de parcelas) costear la salida del colegio. A juicio de Comptos, el apoyo a los centros educativos es, en principio, una cuestión de interés general. No obstante, para ello debe garantizarse “la igualdad de oportunidades” y dicho apoyo no debe condicionar otras actuaciones de interés general como es la reserva de vivienda protegida en las actuaciones urbanísticas.

En relación a los acuerdos firmados entre las administraciones y la congregación, Comptos señala que es la sociedad pública Vinsa (ahora Nasuvinsa) la que asumió “el riesgo y ventura” de la operación puesto que se comprometió a pagar a la congregación un importe por el solar sin saber el resultado de “la futura venta” de las parcelas.

Este riesgo se “modula” con los compromisos asumidos en 2015 y 2017 al supeditar el pago a la congregación a la venta de las parcelas, si bien en 2017 “el riesgo asumido por Nasuvinsa es menor, obteniendo previsiblemente unas plusvalías mayores”. Para Comptos, siempre ha existido un riesgo para la Administración foral en la medida que la operación ha estado condicionada por la venta de las parcelas y por el compromiso del precio mínimo acordado a partir del contrato de promesa de compraventa en 2015.

El análisis constituye un auténtico varapalo al modelo urbanístico impulsada durante las anteriores legislaturas (periodo 2009-2015). En este caso, la política de UPN hizo uso de los instrumentos legales a su alcance para pasar por encima de los ayuntamientos (plan sectorial de incidencia supramunicipal), se densificó la parcela, se utilizó una sociedad pública como financiera (Salesianos solo cobraba) y se adaptó la normativa foral para evitar así la obligación de construir viviendas protegidas en la parcela de la calle Aralar. Solo se hacían viviendas de lujo.

Es por ello que Comptos recomienda que el urbanismo se utilice para sus fines de ordenación territorial y que las administraciones no asuman riesgos económicos en este tipo de actuaciones.

También pide evitar tramitar modificaciones legales de materia ajena a la presupuestaria en el contexto de la aprobación de la Ley Foral de Presupuestos. Recuerdan así que la operación se inició en 2009 con una rocambolesca pirueta al incluir a través de una disposición adicional de los presupuestos para 2010 la modificación del artículo 52 de la Ley foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo para exceptuar el cumplimiento del estándar mínimo de vivienda protegida en caso de traslado de una actividad de uso dotacional a residencial siempre que la actividad que se traslade sea “declarada de interés general por el Gobierno”.

Comptos entiende que no es el procedimiento “adecuado” tramitar una modificación legal de este tipo para hacer posible una operación concreta, ni tampoco hacerlo en el contexto de la aprobación de la Ley Foral de Presupuestos.

En esta operación la congregación dispone de una nueva ubicación para el ejercicio de su actividad con financiación “suficiente” al garantizar el mínimo acordado en 2015 (al límite de la legislatura).

Nasuvinsa ha obtenido unas plusvalías provisionales en las dos últimas subastas de 4,26 millones que deben revertir en política pública de vivienda, remarca. Quedan todavía dos parcelas por vender cuyo precio de salida era de 16,4 m. El Ayuntamiento de Pamplona ha obtenido, además de las cesiones legales de suelo, tres millones de euros para la construcción de una dotación pública, así como los ingresos fiscales generados en la operación y los que resulten en el futuro por el desarrollo residencial, dice.

RESULTADO

26,4 millones mínimo para Salesianos. El resultado económico de la operación garantiza, según Comptos, el precio mínimo a la congregación (26,4 millones), que dispone de una nueva ubicación (tienen previsto abrir el colegio el próximo curso) y financiación necesaria para el nuevo centro al cubrir “el mínimo acordado para la construcción”.

RECOMENDACIÓN

“apoyar actuaciones de interés general evitando riesgos y utilizar la gestión urbanística para sus fines de ordenación territorial y urbanísticos”

Fecha Noticia: 
26/01/2019